Joaquín García, empleado de una planta de tratamiento de agua en Cádiz, logró lo impensable: cobrar un salario anual de 37,000 euros durante seis años sin poner un pie en la oficina. La situación se destapó en 2016, cuando las autoridades quisieron reconocer su supuesto compromiso con una placa conmemorativa por sus 20 años de servicio. Grande fue la sorpresa al descubrir que García llevaba años sin cumplir con sus funciones, pasando inadvertido ante la falta de control en su departamento.
En su defensa, García alegó que fue víctima de acoso laboral y que su ausencia de labores no era decisión propia, sino consecuencia de la falta de tareas asignadas. Según explicó, acudía ocasionalmente a la oficina y dedicaba su tiempo a la lectura, dado que nadie supervisaba su trabajo. La justicia española lo multó con 27,000 euros, apenas un año de su salario, en un caso que ha generado revuelo y cuestionamientos sobre el control en las instituciones públicas.